El derecho humano a la alimentación

Este derecho se consagró en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o medios para obtenerla (Comité DESC, 1999, pág. 3).

Derecho a la alimentación

¿Qué es y cómo surgió el derecho humano a la alimentación adecuada?

Los principales elementos clave son la disponibilidad en cantidad y calidad para cubrir necesidades fisiológicas de los individuos, libre de sustancias nocivas y aceptable culturalmente; accesible desde el punto de vista físico y económico; estable y duradero; y adecuado, o determinado por las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas (Senyonjo, 2016).

Las fórmulas legales nos dejan a menudo indiferentes, porque la realidad se nos impone para demostrar que el derecho se vulnera en demasiadas ocasiones. Varios informes recientes arrojan cifras que resultan intolerables en el siglo XXI, en el que el hombre ha conseguido avances tecnológicos muy relevantes.

En Madrid, por ejemplo, el hambre persiste a pesar de la recuperación económica y afecta al 2,1 % de la población madrileña, 138.100 habitantes. El informe de FAO -El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019- establece que el número de personas que padecen hambre se ha incrementado lentamente desde 2015. Como resultado de ello, más de 820 millones de personas en el mundo seguían padeciendo hambre en 2018.

Vivir en una infravivienda sin agua ni luz no es tener el derecho a la vivienda garantizado. De forma idéntica, comer “de mala manera”[1], como está sucediendo ahora mismo durante el COVID-19 en ciudades como Madrid, no es tener garantizado el derecho a la alimentación.

¿Entender que la alimentación es un derecho o es mera retórica?

En absoluto,

  • La lucha contra el hambre y la desnutrición es más que una obligación moral o una opción política. Es una obligación de derechos humanos, lo que implica un elemento de legitimación. Cuando trabajamos por conseguir que las personas tengan garantizado su derecho a la alimentación no nos referimos a un acto de caridad, sino de justicia. Se trata de superar la situación de injusticia que supone que haya personas que no comen ni en cantidad ni en calidad con arreglo al derecho a la alimentación. Por ese motivo, existen obligaciones jurídicas exigibles, jurídica, social y políticamente. El fundamento de las políticas públicas cambia y los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir el derecho humano a la alimentación.
  • Además, se amplía la perspectiva del trabajo de los diversos actores, puesto que no se trata del derecho a ser alimentado de cualquier forma –piénsese en comida enlatada de emergencia que no responde a los criterios de aceptabilidad cultural de las poblaciones-, sino a alimentarse con acceso a los medios y recursos necesarios para ello;
  • Los esfuerzos han de priorizar la situación de las personas más vulnerables. Si se pretende conseguir niveles de cumplimiento para todas las personas, habrá que reforzar nuestro empeño con aquellos que peor están, tal y como exige el principio de no discriminación.
  • Para conseguir este derecho, es imprescindible contar con la participación de los titulares de derechos (cualquier persona en cualquier lugar) y los de obligaciones (Estados, y otros actores como empresas, organizaciones sociales, Naciones Unidas, entidades financieras internacionales, cooperativas, familias, etc.).

¿Cuáles son las causas de la vulneración de este derecho?

Las causas de la insostenibilidad de los sistemas alimentarios son muy variadas, puesto que están relacionadas con los conflictos armados, el clima, la concentración de poder en pocas manos en el ámbito del sistema alimentario[2]; la especulación con el precio de los alimentos; el acaparamiento de tierras, agua y semillas; las dietas ultraprocesadas[3] ; la poca apuesta por el trabajo y el papel de la pequeña agricultura local, en la que se produce una precariedad del trabajo agrícola[4] que influye en su capacidad para garantizar el derecho a la alimentación, entre otras.

La confluencia de intereses políticos, económicos, sociales y culturales en torno a la alimentación precisa de un sistema de gobernanza entendida como los mecanismos o procesos formales e informales utilizados por los diferentes actores para la gestión de un sistema alimentario sostenible.

Es urgente implementar políticas públicas coherentes con el derecho a la alimentación, como las referidas al fomento de la agroecología (González de Molina, 2020), la compra pública responsable; la educación y promoción de dietas sostenibles; la reducción de desperdicio alimentario; el fomento de la agricultura local, la regulación del sistema alimentario en las fases de comercialización, etiquetado y publicidad, entre otras. 

Por Celia Fernández Aller.

Dra. en Derecho. Prof. Universidad Politécnica de Madrid

Secretaria de la JD de ONGWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano

Pertenece al Observatorio del Derecho a la Alimentación de España

[1] Es interesante distinguir los diferentes conceptos: Hambre: situación crónica; subnutrición: Estado nutricional caracterizado por una continuada carencia en la ingestión de alimentos, que no alcanza a satisfacer las necesidades de energía alimentaria; desnutrición: Es el resultado de la subnutrición, de la mala absorción y/o de la mala utilización biológica de los nutrientes consumidos; malnutrición: Estado fisiológico anormal causado por desequilibrios en energía, proteínas y/o otros nutrientes, ya sean por exceso o por defecto.

Cualquier trastorno nutricional que comporte alteraciones en el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la salud.

[2] Un dato muy revelador es el hecho de que la pequeña agricultura produzca el 70% de los alimentos, en el 25% del suelo agrícola, con el 10% de energía fósil y el 20% de agua dulce; mientras

 la producción agroindustrial produce el 30% de los alimentos, en el 75% de la tierra agrícola, consumiendo el 90% de combustibles fósiles y el 80% de agua dulce para riego.

[3] Hay autores que señalan algunos determinantes comerciales de la salud muy vinculados a la vulneración del derecho: producción y distribución masivas; captura corporativa por parte de grandes concentraciones del sector agroalimentario –intelectual, social, cultural y material-; y publicidad. Miguel Ángel Royo Bordonada (2019),Captura corporativa de la salud pública”, Revista de Bioética y Derecho.

[4] Se caracteriza por una gran informalidad, con menos del 20% de los/as agricultores con protección social; prácticas de trabajo en régimen de servidumbre, obstáculos a la sindicación, condiciones peligrosas de trabajo.

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