Servir a la sociedad y no a los índices de audiencia, el eterno reto del periodismo

Las grandes tragedias humanas como la de Santiago de Compostela ponen a prueba la calidad profesional y la altura ética de los medios de comunicación y sus empresas.

Miniatura

Cuando sucede un accidente, lo más importante, sin lugar a dudas, es que los servicios de emergencia puedan salvar la integridad física y psíquica del máximo número de personas damnificadas. Nunca como en las catástrofes son puestos más a prueba los servicios sanitarios, de bomberos, policiales, judiciales, de psicólogos, etc. Y la imagen que la opinión pública conserva de todos y cada uno de ellos es a menudo la que se han forjado al responder en el peor momento de una determinada coyuntura crítica. La respuesta que estos servicios han dado en unas horas caóticas puede elevar al olimpo de los héroes o hundir en el abismo de la vergüenza a los integrantes de una determinada profesión o cuerpo, aunque su trayectoria profesional haya sido hasta entonces inmaculada. Un grupo de personas dedicadas a un oficio determinado cuyo comportamiento ha resultado impecable a lo largo de muchos años de experiencia, disciplina y sacrificio puede caer en el mayor de los desprestigios por la respuesta errónea o lenta ante una situación límite e inesperada, para la que en muchos casos nadie les ha preparado.

Lo mismo puede pasar con los periodistas, que tienen como misión explicar al resto de la sociedad qué ha ocurrido en aquel momento (habitualmente próximo) y en aquel lugar (más o menos alejado) con aquellas personas (normalmente desconocidas) que han padecido un desastre (accidente, atentado, asesinato, catástrofe natural, etc.).

También estos profesionales de la información son puestos a prueba en estas situaciones límite. Y, lamentablemente, hay bastantes indicios de que muchos de los que tuvieron que afrontar la tragedia del accidente ferroviario de Santiago de Compostela no la superaron con demasiada buena nota. Hacía tiempo que no se habían leído y oído tantas críticas a la respuesta dada por los medios de comunicación ante una catástrofe de las dimensiones de la ocurrida el pasado 24 de julio.

Como en otras profesiones, no todos los periodistas ni los medios de comunicación respondieron del mismo modo. Pero, en la actual sociedad sobreinformada e hiperconectada a través de las redes sociales, cualquier error es conocido al instante y analizado, divulgado y despedazado mucho antes de que su autor tenga apenas tiempo de rectificar. Unos periodistas actuaron con rigor, dedicación y sensibilidad, mientras otros se lanzaban a difundir datos sin contrastar ni reflexionar a quién podía perjudicar o beneficiar.

Los tristísimos sucesos de Santiago, en los que fallecieron 79 personas y otras 147 resultaron heridas de diversa consideración, se vieron envueltos desde el comienzo en una alambicada serie de circunstancias que, muchas semanas después, aún dificultan la averiguación de las causas del siniestro y la depuración de las responsabilidades.

Algunos medios, al afrontar el accidente ferroviario más mortífero de las últimas décadas en España, no observaron la suficiente prudencia y sensibilidad para evitar transmitir ciertas imágenes cruentas absolutamente innecesarias y que no aportaban a los ciudadanos ninguna información añadida, sino detalles escabrosos que tan solo inspiraban sentimientos y sensaciones (de ahí procede el peyorativo término ‘sensacionalista’) de curiosidad morbosa o pesadumbre ante tanto dolor ajeno y tanta destrucción.

Hambre de sensaciones

Hubo asimismo medios de comunicación que no lograron soportar la supuesta presión de la opinión pública, que demandaba más y más información sobre los orígenes y los causantes del desastre. En ocasiones, los periodistas ven a la audiencia como a un monstruo insaciable que, si no recibe de inmediato y en abundancia lo que supuestamente reclama, abandona su medio y se pasa a la competencia, sin reparar en si el producto informativo alternativo que se le ofrece es más riguroso y veraz. Solo así se entiende que determinados medios no advirtiesen hasta muy tarde la precipitación y falta de escrúpulos en la que cayeron sus representantes al divulgar ciertas informaciones relativas al conductor del ferrocarril siniestrado que le situaban como el único responsable del accidente. Días y semanas más tarde se conocieron otros detalles significativos que rodearon el suceso -la manifiestamente mejorable infraestructura ferroviaria, las balizas y los sistemas de alarma, la llamada da telefónica del revisor…- que permitían intuir con claridad que no todo se debió a la presunta negligencia o impericia del maquinista Francisco José Garzón.

La sobreabundancia de información, el ansia de inmediatez, el estresado homo zapping –lo quiero saber todo aquí y ahora y cambio de canal, casa, cónyuge y amistades si no me satisfacen-, la velocidad de las telecomunicaciones, la avidez de sensaciones fuertes como sinónimo de experiencias placenteras, la pertinaz sociedad líquida, la crisis de valores. Un poco de todo pudo aparecer en la vorágine informativa creada en torno a la tragedia.

¿Quién y por qué filtró un vídeo que mostraba el impacto del Alvia contra el muro de contención de la curva de A Grandeira? Era la grabación de una de las cámaras de los servicios de seguridad de la empresa Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a la que pocas personas deben haber tenido acceso antes de que la pudiera ver cualquiera por la red, incluso antes que el juez. ¿Quién tenía interés en que todo el mundo pudiera ver que el tren iba a velocidad excesiva en aquella curva?

Por culpa de la premura que se les exige a los periodistas en las ediciones digitales de los diarios y quizá también por algún que otro lapsus causado por tantos años de lacra terrorista, la versión en línea de un diario de Madrid se refirió al suceso como “atentado terrorista”, si bien al cabo de poco tiempo enmendó el error. También por culpa de las prisas y de la creciente falta de medios humanos y materiales que aquejan a la inmensa mayoría de las empresas periodísticas, RTVE, por ejemplo, tuvo que incluir imágenes de archivo de un accidente ferroviario muy anterior al ocurrido en Santiago -el de Chinchilla del 2003-, al carecer durante bastantes minutos de imágenes del siniestro.

Demasiado rápidos o demasiado lentos No solo algunos periodistas fueron víctimas de la precipitación y la imprudencia. Las prisas fueron malas consejeras hasta para Mariano Rajoy, a cuya oficina de prensa se le traspapeló un comunicado remitido semanas antes a raíz de un seísmo ocurrido en China.

Empresas directamente afectadas, sin embargo, se tomaron su tiempo. Renfe no habilitó un número de atención a los familiares de las víctimas hasta pasadas las 23 horas, cuando el accidente ocurrió poco antes de las 21 horas.

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) recibió días después de la tragedia “múltiples” quejas por la cobertura informativa. Su presidenta, Elsa González, opinó que, en general, las cosas se habían hecho muy bien, aunque admitió que la línea entre el derecho a la información de los ciudadanos y el respeto a su intimidad es “muy fina” y que, en algunos casos, se había traspasado esta línea. Familiares de las víctimas protestaron a la FAPE porque reconocieron a sus seres queridos fallecidos en las imágenes “morbosas y virulentas” de algunos medios.

¿Es preciso cubrir estas informaciones con imágenes tan cruentas de lo sucedido? Resulta difícil llevar a cabo diferentes conexiones de una catástrofe sin mostrar a fallecidos –los familiares de los muertos de Siria o Egipto no se quejarán a la FAPE-, pero una cosa es el directo y otra el diferido, cuya edición puede elaborarse de forma más mesurada. Incluso en directo, las televisiones que emitieron el atentado de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 no mostraron a ninguna de las 3.000 víctimas mortales. Tras el accidente de Santiago, los diarios, que cerraron las ediciones a altas horas de la madrugada, realizaron apuestas de todo tipo. Las portadas más duras mostraron heridos muy graves e incluso cadáveres, frente a una gran mayoría que prefirió fotos de los amasijos de hierro del convoy.

Códigos deontológicos

Más de 40.000 personas han firmado una petición en Change.org para pedir a los medios que no vuelvan a difundir material sensible en accidentes mortales. “No puede ser que todo sirva para ser emitido. Y menos haciendo claro negocio, buscando audiencia e incluyendo publicidad. Cuando todavía hay personas en las puertas de los hospitales que no han podido ver a sus familiares heridos o fallecidos, los medios de comunicación no tienen derecho a faltar al respeto al sentimiento de los afectados. Información sí. Morbo no”, reclama la petición promovida por el ciudadano Carlos González y cuyos destinatarios son la FAPE y la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión.

Las asociaciones y los colegios profesionales de periodistas, así como los libros de estilo que rigen en los diarios españoles más solventes, contienen desde hace muchos años recomendaciones deontológicas muy claras sobre lo que se debe hacer ante este tipo de situaciones. El Colegio de Periodistas de Cataluña fue el primero de España en aprobar un código deontológico y fundó un consejo de expertos encargado de velar por su cumplimiento. En su artículo noveno, la declaración de principios del colegio catalán insta a “respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y enfermedad y en casos o acontecimientos que generen situaciones de aflicción o dolor, evitando la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias, especialmente cuando las personas afectadas lo expliciten”.

El problema, en consecuencia, no es que desde las asociaciones profesionales se emplace a los medios a que se abstengan de difundir determinado material. Hace lustros que las exhortaciones a la mesura han sido difundidas desde las corporaciones profesionales. Y las medidas a adoptar están perfectamente investigadas, acordadas y protocolizadas. El problema no es la teorización para afrontar las catástrofes, sino que empresas periodísticas y asalariados estén dispuestos a seguir estas normas que –y aquí quizá esta el quid de la cuestión- no son vinculantes ni obligatorias.

Estos códigos emplazan también a los periodistas a “difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en todo caso afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar y menospreciar la dignidad de las personas y provocar daño o descrédito injustificado”. Asimismo, aconsejan “observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia en las informaciones y opiniones relativas a causas y procedimientos penales en curso”.

Chivos expiatorios

Ambas recomendaciones han sido claramente eludidas en el caso de la tragedia de Santiago. Desde las primeras horas posteriores al desastre, el maquinista fue declarado culpable único del siniestro, en una sucesión ininterrumpida de informaciones de procedencia muy diversa y, en algunos casos, sospechosa. En Internet, se recordó no sin malicia que muchas empresas españolas estaban preocupadas por el daño que podía causar a sus marcas el accidente de Santiago, pocas semanas antes de que en algunos países emergentes se tuviera que decidir quién se quedaba con ciertos proyectos.

Una de las maniobras interesadas en mostrar pronto un chivo expiatorio consistió en difundir la página de Facebook del conductor del tren, en la que aparecía una foto del velocímetro desorbitado de un tren acompañada de un comentario informal del maquinista. Este texto fue manipulado por algunos periodistas, que presentaron a un conductor fanático de la velocidad y dispuesto a saltarse todos los límites. Mientras, otro medio informaba de que el juez había ordenado el encarcelamiento del conductor, cuando en realidad era la policía la que había decidido su detención. Más prisas y nuevos errores.

A medida que pasaban las horas y los días, y a la luz de las investigaciones y las opiniones y los informes de expertos, las supuestas culpas dejaron de ser una exclusiva del conductor del tren siniestrado.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Antonio Santamera, ya sugirió al día siguiente del desastre que "casi" descartaba el "fallo humano" como causa del accidente, porque el sistema de seguridad "se hubiera puesto en marcha". Entre las causas posibles, apuntó que el ferrocarril habría entrado en la curva donde se produjo el siniestro con una "velocidad excesiva" para la limitación de este tramo -90 km/h-, porque quizá “el sistema de seguridad falló”.

Días más tarde, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril A Coruña e As Mariñas recordó que, un mes antes, había convocado una rueda de prensa en la que un trabajador de Renfe denunció que, a causa de los recortes de personal y el ahorro en señalizaciones y balizas de prevención, la seguridad de los ferrocarriles en Galicia estaba corriendo peligro. “Algún día pasará algo gordo”, dijo entonces el empleado de Renfe, según el comunicado de la mencionada plataforma cívica, la cual reiteró que el maquinista también fue víctima del accidente y que no merecía el “linchamiento mediático” al que estaba siendo sometido.

Esta plataforma cívica y varios partidos de la oposición parlamentaria dirigieron pronto sus invectivas y acusaciones a los principales responsables de Adif y Renfe, empresas propietarias, respectivamente, de la infraestructura ferroviaria y del tren siniestrado.

Semanas más tarde, cuando se estaban redactando estas líneas, el juez Luis Aláez, titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, decidió imputar a cinco directivos de Adif, entre ellos, el actual presidente y sus dos predecesores en el cargo. Todos ellos fueron nombrados directamente por el Gobierno, dado que Adif es una empresa estatal. En opinión del juez, los imputados no cumplieron con la responsabilidad que tenían de dotar de medidas adecuadas de seguridad la vía ferroviaria. Más o menos, la misma tesis que sostuvo la Plataforma en Defensa del Ferrocarrril A Coruña e As Mariñas, pero que los medios de comunicación afines al Gobierno han silenciado.

La vista oral del juicio por la tragedia de Santiago puede tardar algunos años. Es de esperar que para entonces se conozcan las verdaderas causas del accidente y que el peso de la ley caiga sobre todos los responsables de tanto dolor.

Y es de desear que no tengamos que esperar tanto para que los medios de comunicación tomen conciencia de que constituyen un servicio público aunque la propiedad de muchos de ellos sea privada. El interés colectivo de una ciudadanía informada con rigor, sensibilidad y honradez tiene que prevalecer sobre la falta de escrúpulos, a la búsqueda miope de más telespectadores, oyentes o lectores. Porque, a la larga, eso supone audiencia y falsa gloria para hoy y hambre de credibilidad para mañana.

Comentarios


También te puede gustar...

planeta salud
Planeta Salud: la nueva estrategia de DKV contra el cambio climático
contaminación del aire interior
Cómo evitar la contaminación del aire interior en tu hogar
exposoma
Exposoma: una forma más completa de medir las exposiciones ambientales y sus consecuencias en la salud