Transparencia, la revolución pendiente

El acceso a la información es un derecho fundamental. Al menos sobre el papel: así lo reza nuestra Carta Magna. Por eso llama la atención que la palabra transparencia haya resurgido como la espuma entre una ciudadanía que cada vez exige conocer mejor cómo se gestionan las instituciones públicas y las empresas.

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El 80% de la población usa redes sociales y su ojo avizor está al acecho de cualquier mala praxis para pedir cuentas a sus gobernantes o a los empresarios de una manera directa y pública. La intensidad del reclamo de transparencia se evidenció el pasado 10 de diciembre de 2014, cuando un millón de personas visitó el Portal de la Transparencia durante las primeras 48 horas desde su puesta en marcha. La web, que recoge más de 500.000 datos sobre el Estado y los presupuestos públicos, vino de la mano de la Ley de Transparencia, que a pesar de su aprobación, se queda a medio camino, según los expertos consultados para este reportaje. La organización Access Info Europe la ha situado en el puesto 64 de las 99 leyes de este tipo que están vigentes en 99 países.

Desde esta organización, dedicada a promover el derecho a la información, la coordinadora de proyectos Victoria Anderica sostiene que hay un fallo de partida: ligar esta norma al artículo 105 de la Constitución (que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de la Administración) y no al 20, que reconoce la libertad de expresión conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, el derecho de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin injerencia de las autoridades públicas. Sin embargo, la ley española viene con una particularidad: el silencio negativo, que se refiere al hecho de que si no te responden en un mes, tu solicitud de información se da por denegada.

A ello se suman las críticas de Transparencia Internacional. Su presidente en España, Jesús Lizcano, reprocha que la Ley sólo exija a la Administración publicar su relación de bienes inmuebles, “lo que deja fuera una ingente cantidad de bienes que nadie conoce, como dinero, valores mobiliarios, créditos y equipamiento, vehículos oficiales…”. El papel del Consejo de Transparencia, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley, también se ha cuestionado. ¿El motivo? “Que el Gobierno de turno será quien designe al presidente del Consejo”, aclara Lizcano. Éste debe ser nombrado por el ministro de Hacienda y refrendado por una mayoría simple en el Congreso, lo que no favorece en absoluto el consenso y la independencia del Consejo.

“En lo que se refiere a las disposiciones en materia de buen gobierno, el legislador parece haberse olvidado por completo de que dicho concepto va más allá de un marco de meras sanciones administrativas”, explica Gabriel Moreno, co-director de The Social Science Post. En efecto –sostiene- la Ley ha reducido el Buen Gobierno a una serie de duplicidades sancionadoras que ya estaban recogidas en otras normas sectoriales, cuyo único objeto es castigar al alto funcionariado en caso de incumplimiento de los mandatos a que está encomendado. “Así, se obvia por completo la posibilidad de introducir en España los principios necesarios para consolidar, o al menos crear, una verdadera cultura de buen gobierno”.

La crisis de confianza en las instituciones y los constantes escándalos de corrupción han potenciado la necesidad de una mayor transparencia. “De suerte tal que se ha llegado a producir en España ‘la tormenta perfecta de la transparencia’, aunándose en un mismo vértice tanto las demandas crecientes de la ciudadanía como las necesidades, no menos perentorias, de nuestros representantes políticos”, manifiesta Moreno.

Lo que queda claro es que la corrupción derivada de la falta de transparencia no se resuelve ni con una ley ni con mera voluntad política. Eso sólo nos coloca en la casilla de salida en la lucha contra la opacidad. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), más de dos tercios de los 175 países incluidos en el informe han “suspendido” (menos de 50 puntos en una escala de 1 a 100). Mientras Dinamarca y Nueva Zelanda se coronan como los países menos corruptos, Corea del Norte y Somalia empatan a la baja con 8 puntos. España está en el puesto 37 con 60 puntos: las puntuaciones más bajas de nuestro país en 15 años.

En opinión de Moreno, “paradójicamente, aunque Estados Unidos no sea el país más apropiado para dar lecciones de calidad democrática en no pocos ámbitos, en materia de Transparencia se erige en una referencia inexcusable”. Asimismo, pone el ejemplo de los países escandinavos, “cuyas regulaciones, integrales y muy ambiciosas, se presentan como el ideal al que tenemos que intentar acercarnos, al menos, siquiera legalmente”.

También los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y las empresas privadas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas, tienen obligaciones de transparencia, de acuerdo a la citada ley. Así, deben hacer público su organigrama y currículos de altos cargos, sus convenios y subvenciones de la administración o sus cuentas. En cambio, no tienen obligación de responder al ciudadano. Anderica acusa la falta de información sobre los servicios básicos privatizados: “No se sabe nada sobre las empresas que gestionan, por ejemplo, los hospitales o el agua”.

Los lobbies, además, permanecen al margen de la Ley. María Rosa Rotondo, presidenta de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), indica que desde la asociación se intentó incluir la regulación de los grupos de interés. “Hace falta regular esta actividad en su relación con cada nivel de la administración: Cortes Generales, parlamentos autonómicos y Gobierno”, explica. La Comisión Europea abrió, ya en 2008, el Registro voluntario de intereses, que está abierto a todas las entidades que llevan a cabo "actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas".

El foco en las empresas

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado una directiva sobre divulgación de información no financiera que obligará a unas 6.000 grandes compañías a informar sobre sus impactos en materia social, ambiental, políticas de diversidad, respeto de los derechos humanos y medidas contra la corrupción y el soborno. Con todo, según Jesús Lizcano, de Transparencia Internacional, sostiene que las grandes empresas tienen unos departamentos de cumplimiento bastante desarrollados. Hay una cierta simetría, según su opinión, entre las grandes empresas y las pymes, aunque, claro está, juegan a distintas escalas: las pequeñas, que representan cerca del 85% del total en nuestro país, se topan con dificultades añadidas para salir adelante.

Algo sí es innegable: un mayor poder económico viene acompañado de una mayor responsabilidad. De no responder a las peticiones populares en lo que a transparencia se refiere, las grandes empresas se arriesgan a que se desprestigie su marca y a perder clientes. Tras estudiar aspectos de las compañías como la notificación de medidas para prevenir la corrupción y el intercambio de información sobre sus filiales o sobre operaciones financieras en el exterior, Transparencia Internacional ha elaborado una clasificación donde se muestra que las empresas europeas (especialmente las del Reino Unido) realizan el mayor esfuerzo contra la corrupción, mientras que las compañías chinas se ubican en los últimos puestos. La petrolera italiana Eni y la teleco británica Vodafone son consideradas el ejemplo a seguir en términos de transparencia. Entre las multinacionales españolas de esta lista, se encuentran el Banco Santander (en el quinto puesto), Telefónica (en el puesto 23) e Inditex (en el puesto 28).

La información económica es, sin duda, el contenido más sensible. Por lo que los indicadores relativos a la publicación de los estados financieros y el informe de auditoría externa siempre deben cumplirse para que una empresa sea considerada transparente. Así lo indica la Fundación Compromiso y Transparencia que, según sus criterios, las fundaciones empresariales han dado pequeños avances en esta área, aunque siga siendo una de las más opacas.

¿Y qué pasa con las fundaciones empresariales? Entre las que cumplen al menos 12 de los 17 indicadores, se constituyen como las más transparentes Atresmedia, Gas Natural Fenosa, Fundación Adecco, Focus-Abengoa, Fundación Mapfre y Fundación Mutua Madrileña. De uno de sus informes, bajo el título Construir confianza (2014), se desprende que la opacidad más llamativa en lo relativo a información económica proviene de las fundaciones de bancos y cajas, exceptuando la Fundación Banco de Sabadell, que sí hace público en su web los estados financieros, la memoria de las cuentas generales y el informe con la opinión del auditor externo. “La mejor política para evitar suspicacias y comportamientos oportunistas de los directivos es cumplir el mandato de ser transparente”, aconsejan en el informe.

La asociación sin ánimo de lucro Council of Institutional Investors publicó una declaración en relación con las prácticas de filantropía empresarial que se concretaban en dos recomendaciones de buen gobierno: la aprobación, seguimiento y evaluación del consejo de administración; y la información y rendición de cuentas. En este sentido, el informe resalta que, actualmente, sólo una fundación corporativa (Fundación Iberdrola) somete su presupuesto y plan de actuación a la aprobación del consejo de administración de la compañía y de la junta general de accionistas. Otro caso que se menciona, a pesar de no llegar a cumplir más de ocho indicadores, es el de la Fundación BBVA Microfinanzas, que hizo público su Informe de Desempeño, donde dan cuenta de las principales magnitudes relacionadas con el impacto de su actividad. Así, por ejemplo, se informa de la proporción entre sus activos y pasivos, del porcentaje de ingresos o de cómo han mejorado las microempresas que reciben financiación. La información está organizada de acuerdo con los diferentes países donde opera: Colombia, Perú, República Dominicana, Chile, Panamá, Argentina y Puerto Rico.

Según Pablo Herreros, socio director de Goodwill Comunicación, “Internet es el pegamento que hace a las personas poderosas en este nuevo mundo. Meritocracia y transparencia son los ingredientes de la comunicación futura. La gente solo aceptará empresas transparentes y éticas”. En definitiva, en un mundo que se transforma vertiginosamente, una mayor información sobre los retos de la sostenibilidad a largo plazo, como el cambio climático, el acceso al agua o la disponibilidad de los recursos naturales se hace necesaria. “Esto es relevante para cualquier institución, sea una agencia estatal o un partido político, pero parece especialmente crítico para el sector privado", subraya Jaime Silos, de Forética. Con todo, cada vez es más obvio que no se trata de colgar información en una web, sino de hacerla más visible y, sobre todo, más comprensible para el ciudadano.

En respuesta al papel que cumple la globalización en el objetivo de la transparencia, Gabriel moreno, de The Social Science Post, declara que “la pregunta lleva ya implícita la asunción de una cierta afectación a la cultura de transparencia por parte del fenómeno, casi siempre incomprendido y excesivamente indeterminado, de la globalización”. En efecto, debido a la internacionalización de las relaciones socioeconómicas y jurídicas, “el conocimiento por parte del ciudadano de las lejanas, técnicas, complejas y oscuras decisiones que se toman en los despachos de Bruselas, o en los de la City de Londres, constituye uno de los mayores retos de nuestro tiempo en cuanto a calidad democrática y legitimidad de las instituciones que presiden nuestro día a día”, concluye.

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